Con 23 votos a favor y 14 en contra, el Pleno de la 65 Legislatura de Oaxaca aprobó la modificación al artículo transitorio tercero del decreto 1511, para retirar el plazo que establecía que la totalidad de los 417 ayuntamientos que se rigen electoralmente por Sistemas Normativos Internos deberían contar con una integración paritaria (50-50) de forma total en el 2023.
Esto para respetar la libre determinación de las comunidades indígenas y prevenir la violencia política contra las mujeres.
El decreto 1511, expedido el 28 de mayo de 2020 por la 64 Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca el 30 de ese mismo mes y año; cambió diversas disposiciones de la ley mencionada en materia de paridad y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género.
Esta modificación legislativa presentada al Pleno por las diputadas Yesenia Nolasco Ramírez, Haydeé Irma Reyes Soto y Nancy Natalia Benítez Zárate, del grupo parlamentario de Morena, es propuesta de mujeres indígenas de diversos municipios del distrito de Ixtlán de Juárez, así como de la Unión Liberal del Ayuntamiento del distrito de Ixtlán (ULADI).
En la iniciativa ciudadana, las originarias de la Sierra Norte plantearon ajustar la normatividad electoral en materia de Sistemas Normativos Indígenas de Oaxaca, para ampliar su derecho a la libre determinación bajo un enfoque internacional y en respeto a sus derechos.
Esto porque el decreto 1511 establecía que la totalidad de los ayuntamientos que se rigen electoralmente por sistemas normativos indígenas deberían contar con una integración paritaria de forma total en el año 2023, fecha en que inicia el siguiente periodo Constitucional para dichas municipalidades.
Sin embargo, las legisladoras promoventes señalaron que “ello no resulta proporcional, ni idóneo, pues restringe las formas de organización interna y establece una intervención directa en las comunidades que electoralmente se rigen bajo ese sistema”.
Por lo cual, explicaron, debe existir un equilibrio entre los principios constitucionales de libre determinación de las comunidades indígenas y paridad de género, a fin de que no se pase por alto la autoorganización de éstas, “ambos deben prevalecer por tener la misma importancia jurídica”.
“Resulta imposible que la totalidad de las comunidades que cuentan con un propio sistema de organización, puedan realizar un cambio en su forma de gobierno y elección en cinco años -plazo entre el año 2019 y 2023-, mientras que su sistema normativo data desde el asentamiento de los pueblos indígenas de forma previa o durante la colonización”, expusieron.
No todas comparten la iniciativa
Con esta reforma aprobada este miércoles, el Congreso de Oaxaca busca además garantizar la integridad de las mujeres al evitar la violencia política contra ellas y la simulación de paridad.
Por tanto, una vez que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la paridad en los municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas deberá ser gradual.
Asimismo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) será el responsable de vigilar su cumplimiento y de orientar en la integración paritaria de las autoridades electas de acuerdo a las normas internas de cada municipio, hasta alcanzar la paridad entre mujeres y hombres.
Sin embargo, dentro del Congreso también se expresaron voces como la de la diputada Mariana Benítez, quién no estuvo de acuerdo con la aprobación de la mayoría en cuanto a la paridad en municipios que se rigen por usos y costumbres, por lo que se dijo dispuesta a dar la batalla a pesar de perder en la votación.
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