Un juez integrante del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca, liberó a los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), quienes fueron encerrados por su presunta participación en el asesinato de dos activistas defensores de los derechos humanos, la mexicana Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero.
Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino, fueron liberados debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.
Los sujetos fueron acusados de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; al haber participado en una emboscada armada en contra de una misión civil de paz, en las inmediaciones del Municipio de San Juan Copala el 27 de abril del año 2010.
Además de la muerte de los dos activistas, también resultaron heridas otras personas por heridas de arma de fuego de grueso calibre, provenientes del grupo paramilitar, entre la caravana también habían periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Tras la emboscada las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por miembros de la UBISORT en caso de que los primeros decidieran denunciar las agresiones, razón por la que los activistas decidieron no involucrarse más en el tema.
Víctimas en indefensión
Esto ocurrió durante las horas en que también los mantuvieron privados de su libertad y sometidos a tortura por parte de los paramilitares. Desde entonces, tanto los representantes jurídicos de las víctimas (GADH), como los testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia Esparza- Cariño, deudos de la joven asesinada.
Sin embargo, todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”, pese a que, tanto a nivel federal como estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.
La solicitud de protección para las víctimas y los testigos, tenía como finalidad el que ellas y ellos pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo condiciones mínimas de seguridad, dado que el grupo paramilitar UBISORT sigue operando con total impunidad en Oaxaca manteniendo su poderío económico y armado en la región.
Con información de Oaxaca Digital
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