Los diputados de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca, aprobaron varias reformas al Código Penal del Estado para establecer condenas ejemplares de hasta 14 años de prisión para las personas que ejerzan violencia reproductiva por distintas razones.
Dichas razones de peso van desde esterilizar de forma forzada a una mujer a través de un método como la salpingoclasia o la inserción del DIU, así como la disposición de espermatozoides óvulos o embriones para fines no autorizados o la inseminación artificial no consentida.
“La tipificación en el Código Penal de Oaxaca que sanciona la esterilización forzada o la inseminación artificial, protege principalmente a las mujeres de sufrir un acto que atenta en contra de su integridad física y derechos reproductivos”, mencionó la diputada local de Tlacolula, Haydeé Reyes Soto.
La legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena, afirmó que existen prácticas médicas que van en contra de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas en condiciones vulnerables que habitan en territorio oaxaqueño; dichas afirmaciones están sustentadas por varios trabajos de investigación periodística y académica, en las que se ha documentado casos de esterilización forzada, principalmente en mujeres indígenas, sin su consentimiento.
Mayor supervisión en menores de edad y discapacitados
Reyes Soto señaló que dichas reformas protegen el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, la maternidad, o su derecho a no ejercerla que también es un derecho a la inviolabilidad de la vida privada con relación a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, y contar con acceso a la información sobre estos temas.
Las reformas vienen después de un periodo de análisis, desde que la diputada morenista presentó la iniciativa en junio de 2022 en la que propuso la integración de los tres delitos sobre violencia reproductiva, explicados anteriormente.
Además, se hizo particular énfasis en los casos en los que las víctimas sean menores de edad, ya que se establecieron agravantes cuando la víctima tenga esa condición, cuente con una discapacidad o no tenga la capacidad cognitiva para comprender el significado del procedimiento al que la quieren someter o para resistirse, el hecho será investigado de oficio, además de otras previsiones contenidas en el dictamen.
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