Oaxaca podría caer en “aprietos” financieros de no poner en marcha el proyecto denominado Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano CityBus. De acuerdo a la Consejería Jurídica del Estado, existe una carta crediticia por parte de instituciones financieras federales en donde al sexenio pasado se le apoyó con al menos $300 millones de pesos.
Desde su arranque, en el 2014, el proyecto del CityBus planteado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo fue un monumento a la corrupción, coincidió la sociedad, la Industria Privada y en su momento la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).
Pese a esta situación y con una inversión que presuntamente superaba los mil millones de pesos, la pasada administración de Oaxaca arrancó con las preocupaciones de este Sistema de Transporte Público, pese al mal estado de las vialidades. Por lo que en 2021 se pusieron en marcha 12 unidades.
Dichas unidades de CityBus recorrerían el Fraccionamiento Esmeralda, la Carretera Federal 190, calzada Madero, Independencia, Manuel Sabino Crespo, calzada Niños Héroes de Chapultepec y avanzaría hacia la zona Norte de la ciudad; sin embargo, hoy las rutas las siguen cubriendo las más de cuatro empresas camioneras del estado, pero el proyecto se canceló debido a la entrada del nuevo gobierno en Oaxaca.
¿Oaxaca deberá devolver el dinero utilizado en CityBus?
El consejero Jurídico Geovany Vásquez Sagrego explicó que el hecho de no utilizar los recursos para echar andar este proyecto con un fin público obligaría al estado de Oaxaca a devolver los recursos con los “accesorios” o intereses correspondientes que se han arrastrado desde hace 12 años.
“Se está analizando y valorando la situación para que se pueda dar una viabilidad al proyecto, pero sobre todo para no comprometer los recursos financieros del estado”, expuso.
Del mismo modo, dio a conocer que las auditorías en este y otros casos arrancaron desde hace un mes, por lo que la Secretaría de Honestidad es la encargada de recibir la información necesaria y determinará si el gobierno de Oaxaca deberá regresar los 300 a 900 millones de pesos que se usaron.
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