El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO) amaneció este sábado con la noticia de que el Congreso local había aprobado “fast track” la reforma para despedir a todos sus magistrados, pero ¿qué está pasando en el organismo encargado de combatir la corrupción en el estado?
A temprana hora de este 22 de julio el Congreso de Oaxaca convocó a una sesión extraordinaria vía videollamada en donde sin discusión ni revisión por las comisiones los legisladores de Morena apoyados por sus aliados aprobaron con 33 votos la reforma constitucional para depurar a este organismo con la que todos los magistrados dejarán su cargo.
La iniciativa presentada por el diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), plantea una nueva estructura en donde no se tendrán 12 Magistrados, sino que se reducirá a tres que actuaran en Pleno.
Además de contar con una Sala Superior y cuatro Salas Unitarias de Primera Instancia y ya no con una Sala Superior, seis Salas Unitarias de Primera Instancia y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
Tras la aprobación de la reforma, trabajadores del TJAO acudieron a las instalaciones para sacar sus pertenencias, sin embargo, el lugar fue rodeado por policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y elementos de Fiscalía para evitar se sustraigan documentos importantes.
¿Qué pasó con el TAJO?
Desde hace meses el gobernador Salomón Jara había anunciado que se estaba analizando el futuro del Tribunal ya que acusó que los magistrados lejos de combatir la corrupción “servían a intereses de unos cuantos” por lo que anunció la reforma para remover a los magistrados que “habían sido premiados por el gobierno anterior”, señaló.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en su página web se define como “la máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, combate a la corrupción e impartición de justicia administrativa”.
Sin embargo, en la iniciativa presentada se justifica que en los años que ha existido el TJAO que pese a contar con 12 magistrados en 8 salas no puede garantizar el acceso a la justicia de 143 quejas en un solo año a diferencia de otros organismos con menos estructura y personal como el Tribunal Electoral.
Además, señalaron que entre 2020 y 2022 el TJAO recibió 143 millones de pesos por lo que para garantizar el principio de austeridad se plantea modificar la estructura de este organismo autónomo para garantizar que los “recursos se gasten de forma consciente y sin derechos innecesarios”.
Cabe señalar que hace apenas unos días, el Congreso de Oaxaca aprobó la renuncia de Raúl Palomares Palomino debido a que se descubrió que tenía dos cargos uno en el tribunal oaxaqueño y otro en el Poder Judicial de Puebla.
¿Cómo elegirán a los nuevos magistrados?
Con el nuevo órgano, se aborda la solución a la problemática que ha representado la falta de atención en las asignaciones de los recursos públicos a las agencias y comunidades indígenas.
En este sentido y quien aspire a las magistraturas, deberán poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, título y cédula profesionales de Licenciado en Derecho, expedidas por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, de Sala Superior o de las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, no podrán, dentro del año siguiente a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes, en cualquier proceso ante los órganos de dicho Tribunal.
El procedimiento de elección se realizará desde el Poder Ejecutivo y será ratificada por el Poder Legislativo, por lo que el gobernador acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona, a efecto de que sean valoradas al momento de la ratificación por parte del Congreso del Estado.
Para ello, la Junta de Coordinación Política someterá de manera directa las propuestas que haga el Ejecutivo ante el pleno.
Con información de Carina García
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