El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, aseguró que la administración estatal no cederá a presiones ni a prácticas del pasado, luego de los bloqueos protagonizados por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), que afectaron la vida cotidiana de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños. Los manifestantes exigían 500 millones de pesos en obras.
CODEP , junto con el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), CODEP arribó al zócalo de la ciudad el día de ayer para exigir diálogo con las autoridades; sin embargo está última se ha retirado toda vez que aceptó un mesa de reunión con el gobernador Salomón Jara el próximo martes.
Romero López informó que se dialogó directamente con los choferes de las unidades involucradas para que se replegaran de las vialidades, ya que las protestas estaban impactando de manera directa a ciudadanos ajenos al conflicto. “No podían seguir afectando al pueblo de Oaxaca”, subrayó.
Romero López sostuvo que a CODEP se le ha ofrecido diálogo permanente y que han existido reuniones previas; sin embargo, afirmó que la organización insiste en esquemas que ya no tienen cabida en la actual administración, como la asignación directa de obras y recursos sin intermediarios ni procesos transparentes.
Señaló que en gobiernos anteriores se establecían “techos presupuestales” para organizaciones sociales, alcanzando los mil millones de pesos en obras públicas, práctica que dijo, ya no existe. En ese sentido, reveló que en una de sus solicitudes CODEP planteó obras por casi 500 millones de pesos, además de insistir en la asignación directa de proyectos y la imposición de constructoras, lo que, acusó, implicaría porcentajes de participación de entre 15 y 20 por ciento sobre los recursos.
“Ese modelo ya se acabó en Oaxaca. Hoy la política es sin intermediarios”, enfatizó.
El secretario destacó que el gobernador Salomón Jara Cruz mantiene diálogo abierto con diversas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), con quienes, afirmó, se construyen acuerdos en un marco de transparencia y desarrollo democrático.
Afirmó que el Gobierno del Estado tomó la decisión de garantizar el libre tránsito en la capital, liberando las calles y permitiendo que la ciudadanía retomara sus actividades cotidianas. Precisó que no hubo desalojos ni personas detenidas, y que cualquier situación relacionada con denuncias corresponde a la Fiscalía.
Romero López también denunció que durante las protestas se interrumpieron rutas de minibuses, afectando a usuarios del transporte público, por lo que se invitó a presentar las denuncias correspondientes.
“El diálogo siempre ha estado abierto. Incluso se les entregó un oficio firmado con fecha para ser atendidos por el gobernador, pero respondieron que si no era de inmediato no se retirarían”, explicó.
Finalmente, reiteró que la administración estatal no negociará bajo chantajes ni presiones, y que cualquier demanda deberá canalizarse por las vías institucionales y con apego a la legalidad, privilegiando el bienestar colectivo sobre intereses particulares.