En el marco del impulso al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que esta legislación representa “un antes y un después” en la forma en que el Estado mexicano garantiza el acceso a la justicia.
El mandatario destacó, en la inauguración del Foro Nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que durante décadas el país operó con sistemas procesales distintos en cada entidad federativa, lo que generó desigualdades, retrasos y barreras para la ciudadanía. “Hoy México da un paso adelante hacia la homologación, la certeza jurídica y la equidad de los procesos judiciales”, subrayó.
En su mensaje, resaltó que el nuevo modelo incorpora principios transformadores como la oralidad, que permite procesos más ágiles y transparentes; la justicia digital, que acerca los servicios a la población; y un enfoque incluyente que reconoce la diversidad social. Añadió que el código tiene una esencia profundamente social, al colocar en el centro a las personas y fortalecer la protección de los derechos humanos, especialmente de sectores vulnerables.
“Oaxaca se suma con responsabilidad histórica a este proceso de transformación institucional. No es solo un cambio normativo, es una transformación cultural que requiere capacitación, infraestructura y coordinación entre poderes”, enfatizó.
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una evolución en los sistemas jurídicos
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, reconoció la presencia del gobernador como una muestra de su compromiso con la impartición de justicia.
Durante su intervención, subrayó que la judicatura oaxaqueña concibe la justicia no únicamente como un sistema de normas, sino como un instrumento fundamental para transformar el tejido social, mantener el orden y garantizar la paz. “Para Oaxaca es un día histórico en la impartición y acceso a la justicia”, afirmó.
Explicó que la entrada en vigor del Código Nacional representa una evolución en los sistemas jurídicos, ya que transforma tanto las bases metodológicas como los principios que rigen la aplicación del derecho. Asimismo, reconoció que el sistema actual enfrenta desafíos importantes: “sabemos que implica procesos largos, complejos y en muchos casos alejados de las expectativas sociales y de los intereses de las personas involucradas”.
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Exponen retos para puesta en marcha
En tanto, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión de Implementación de este nuevo ordenamiento, expuso los principales retos para la puesta en marcha del nuevo ordenamiento.
Señaló que al iniciar los trabajos identificaron tres problemáticas centrales: limitaciones en infraestructura tecnológica y conectividad, pese a avances en capacitación; el impacto de la reforma judicial y los procesos electorales, que han desviado la atención de lo sustantivo y podrían derivar en la llegada de juzgadores sin experiencia; y la falta de presupuesto, agravada por el corto tiempo para su implementación.
No obstante, Díaz Carranza sostuvo que existe compromiso para cumplir con los plazos establecidos. “A pesar de su complejidad, con o sin aplazamiento debemos llegar a 2027 en condiciones de operar”, concluyó.
El foro se consolidó como un espacio clave para analizar los alcances y desafíos de esta reforma, orientada a garantizar una justicia más eficiente, accesible y centrada en las personas.