Las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con una votación de 31 votos a favor, cinco en contra y 19 abstenciones en el Palacio de San Lázaro.
Dicha iniciativa fue enviada al Poder Legislativo por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador desde el pasado mes de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad de país y específicamente, la protección del espacio aéreo, así como designar a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como responsables del uso leal del espacio aéreo.
De acuerdo con la iniciativa que propuso el mandatario, se propone crear el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo para que, en coordinación con dependencias y entidades, se logren inhibir las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad de la aviación civil, la oposición en su momento calificó esta idea como una manera de “militarizar” el espacio aéreo.
Otra de las justificaciones que utilizó el presidente para enviar su iniciativa, fue la necesidad de atacar los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria en el país y el espacio aéreo para incrementar el tráfico de drogas, principalmente hacia Estados Unidos, un tema no menor, debido a las presiones ejercidas desde el exterior, por el aumento del paso de drogas hacía ese país.
¿Cómo afecta a los mexicanos?
Entre las funciones del Sistema de Vigilancia y Protección, estará identificar, seguir e interceptar aeronaves irregulares, según su fundamento; todas mediante una estrategia de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), además de llevar a cabo de forma coordinada las operaciones de la aviación comercial en todo el país.
Esto último ha causado polémica entre los detractores de la nueva ley, ya que ponen en tela de juicio la manera en que podrán coordinar las operaciones, ya que los traficantes no suelen informar sobre sus bitácoras de vuelo, y frecuentemente invaden las rutas de las líneas comerciales, situación que podría ser nociva para las aerolíneas y desde luego para los usuarios que estén a bordo de las mismas aeronaves.
En la exposición de motivos de la iniciativa hecha por el Poder Ejecutivo, se habla (con datos hasta el 2021) de al menos 720 alertamientos aéreos de aeronaves que no se ajustaron a la normatividad y detalla una gran cantidad de factores que inciden negativamente en la seguridad aérea, como licencias falsas, aeronaves sin mantenimiento, vuelos clandestinos o sin plan autorizado, todo ello producto de la inobservancia de la ley y de una vigilancia laxa.
Por lo que la Sedena tiene identificados a 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas que han operado con anomalías en el lapso de dos años (entre 2019 y 2021).
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