Una jueza de control emitió un amparo para obligar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a “restaurar” por tiempo indefinido el programa gubernamental que había sido eliminado en este sexenio, las escuelas de tiempo completo y hacerlo funcionar con el mismo presupuesto designado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), a la par del programa actual denominado “La escuela es nuestra”.
La Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, informó sobre la suspensión definitiva para que el programa que funcionó hasta marzo de este 2022, comience a funcionar a la par de “La escuela es nuestra”, mientras se emite la sentencia de amparo y con la recomendación para que utilice el mismo presupuesto asignado por Hacienda a las autoridades de educación este 2022.
“Los planteles deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.
“En caso de existir alguna imposibilidad para lo anterior, deberán adoptar las medidas conducentes para que, con la aplicación de las ‘Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022’, se contemplen los mismos derechos y beneficios prestacionales de servicio público educativo contenido en aquel sistema de la ‘Escuela de tiempo completo’, y no solo de apoyo económico (prestacional)”, reza la redacción por parte de la jueza.
Resolución aún puede ser impugnada
La jueza destacó que la eliminación del presupuesto que antes se destinaba al programa eliminado en marzo pasado, no es un daño irreparable, por que el dinero sigue estando ahí, sólo que ahora se tendrá que ajustar con nuevas reglas de operación y normas de fiscalización para que ambos programas coexistan.
Dicha medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia definitiva para el amparo tramitado por la Organización No Gubernamental (ONG), Mexicanos Primero, organización enfocada en defender el derecho a aprender de los niños y jóvenes en el país.
La resolución aún puede ser impugnada tanto por la Secretaría de Educación Pública como la de Hacienda, debido a que la suspensión fue concedida el pasado 7 de septiembre.
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