La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo ya a cinco de las seis personas con órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 39 fallecidos y 28 heridos extranjeros.
En conferencia en Palacio Nacional, este jueves la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra, informó también que analizan “la cadena de responsabilidades” que pudieran tener en este caso funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Respecto a las órdenes de aprehensión, ya se ejecutaron cinco de ellas, solo queda una persona, y como les decía, en el transcurso del día ya se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya fueron puestos a disposición del juez.
En cuanto a las demás órdenes pendientes estamos, como les digo, analizando y haciendo diligencias para que estas sean fundadas y motivadas, y estamos analizando todo para ver cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron las acciones u omisiones que realizaron y que con ellas su conducta es punible desde su punto de vista penal”, dijo.
La fiscal especializada señaló que hasta el pasado miércoles habían girado cuatro órdenes de aprehensión, pero durante la madrugada del jueves se autorizaron dos más. Se trata de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y una persona migrante “que inició el incendio”.
“Son órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, con doble eventual, y por el delito de lesiones en contra de los 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”, explicó.
Reiteró que mantendrá sigilo en los detalles para no afectar la audiencia de imputación y vinculación a proceso que se desarrollará en el transcurso de este jueves, y también para respetar el principio de presunción de inocencia.
“Como comentamos el día de ayer, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma”, explicó.
Cadena de responsabilidades
La fiscal Herrerías Guerra explicó que la ley en que se rige el INM marca que, ante un motín por parte de los migrantes, las autoridades de ese instituto “deben de tomar estas medidas migratorias necesarias para el debido resguardo y protección de las personas y del inmueble, de esta instancia provisional hasta en tanto solicite el apoyo de las fuerzas de seguridad pública y demás autoridades competentes”.
“En el caso de esta instancia provisional de Ciudad Juárez depende de esta oficina de representación de este instituto en el estado de Chihuahua, que tiene dentro de sus funciones administrar las estaciones migratorias y estas estancias provisionales.
Esta oficina en el estado de Chihuahua es supervisada a su vez, organizada y coordinada por una dirección general que coordina todas las oficinas de representación.
“En este sentido, es que estamos analizando toda esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones sean punibles es que nosotros vamos a hacer la investigación”, explicó.
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