El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la desaparición de siete organismos constitucionalmente autónomos.
El aval a la Ley en Materia de Simplificación Orgánica, extingue a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU).
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¿A dónde irán los fondos luego de la extinción de los entes públicos?
Con las reformas a la Carta Magna, se busca reestructurar la administración pública, promoviendo un modelo que priorice eficiencia, austeridad y buena administración por lo que, aunque se extinguen los entes, sus funciones no desaparecen ya que serán retomadas por otras dependencias e instituciones federales.
Precisan que, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En la discusión, la oposición criticó la traición que los partidos de la 4T hacen con esta reforma a la democracia mexicana. Gildardo Pérez Gabino de Movimiento Ciudadano, afirmó que Morena “Si miente, si roba y si traiciona”.
Con pancartas de denuncia “Sin el INAI, Morena se va a robar tus pensiones” o “Sin el CRE Morena va a subir la luz”, Noemí Berenice Luna, coordinadora de la bancada del PAN criticó la desaparición de los organismos autónomos, principalmente del INAI.
“Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez, por venganza, porque fue el instituto el que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias a la transparencia supimos de la Casa Gris de los López Beltrán; gracias a la transparencia supimos del mega fraude de Segalmex”, dijo.
Mario Miguel Cubillas, de Morena, indicó que el enojo de los partidos de oposición proviene porque se les acabó la repartición del botín que iniciaron hace algunos años con el Pacto por México.
El bloque opositor está muy enojado porque a estos organismos, que anteriormente estaban desconcentrados, se pusieron de acuerdo, por ahí del año 2013 para que fueran constitucionalmente autónomos, literalmente lo hicieron para repartirse el botín, para repartirse el erario entre los que habían firmado el Pacto por México: el PRI, el PAN y el extinto PRD”, comentó.
¿Cuánto dinero se recuperará en el presupuesto tras la extinción?
El Gobierno Federal argumenta que “los presupuestos asignados a los organismos públicos materia de la iniciativa desde el año 2018 hasta el actual, a los cuales se les ha asignado la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y en la mayoría se ha presentado un incremento anual en su presupuesto; lo cual equivaldría, a manera de ejemplo, a 5,385,591 Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”.
“Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”, señala.
Los integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, señalaron que las funciones de cada uno de los organismos serán absorbidas por las dependencias federales y por ejemplo, las de Mejora Continua de la Educación, serán transferidas a la SEP o el trabajo del INAI, lo atenderá la que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Dentro del segundo apartado de la iniciativa, cobra relevancia la adición que se propone al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que se establezca como principio constitucional, evitar crear entes públicos innecesarios bajo figuras de entes descentralizados o desconcentrados que, al final, redundan en funciones, cuando la administración pública centralizada podría asumir dichas atribuciones.
Con información de Jorge Almaquio García y Víctor Ortega