El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó el pasado martes un decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, que según algunas fuentes serían unos 7 mil empleados.
Milei, a solo 16 días de asumir el cargo, emitió el Decreto 48/2023 con el que planteó la reestructuración del sector público y sus contratos, lo que podría generar en poco tiempo, una cascada de demandas laborales por la medida.
El mandatario argentino, continúa cumpliendo sus ofertas de campaña sobre la reducción del gasto público y como parte de ello, anunció la emisión del decreto, lo que ha generado protestas multitudinarias en Buenos Aires, capital de Argentina.
El mandatario sudamericano, estableció un periodo de 90 días para revisar y reestructurar el sector público, afectando también a otros contratos estatales, aunque el decreto tiene consideraciones para los casos en los que no habrá recontrataciones.
En el primer artículo del decreto se estipula que las contrataciones realizadas en el marco de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto No. 1109 de diciembre de 2017, y otras modalidades que concluyan al 31 de diciembre de 2023, no serán renovadas a partir del 1° de enero de 2023 en organismos específicos.
Protestan en las calles
Las excepciones contempladas para la recontratación de personal, refiere entre otras, a aquellas derivadas de “cupos regulados por ley u otras protecciones especiales”.
Además, considerarán a personal “que haya estado prestando servicios antes del 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación”.
También, su permanencia dependerá de la evaluación del titular de cada jurisdicción, si se advierte indispensable para el funcionamiento de la dependencia.
Tras dar a conocer este decreto, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar advirtió que habría un paro general de labores y una movilización para este miércoles, mismo que está en proceso, sin que hasta ahora se haya generado tensión con las fuerzas policiales argentinas, a sabiendas de que el flamante gobierno federal podría aplicar multas o cobrarle a las organizaciones obreras por llevar a cabo las manifestaciones en lugares públicos.